Hace unos días cumplió un año como Gobernador de Colima el priista José Ignacio Peralta Sánchez y, pese al poco tiempo, su gestión se ha convertido en una autocracia.
Desde que llegó al poder, Peralta Sánchez, rostro joven del priismo colimense más rancio y corrupto, se dedicó a cooptar todos los espacios de poder que perdió contra el PAN en las elecciones pasadas: la mayoría de las alcaldías y el congreso, que su partido (el PRI) nunca antes había perdido, además de controlar completamente la política interna de los partidos aliados tanto legalmente como de facto a su propio instituto político.
Gran parte, por ejemplo, de la desestabilización que ha sufrido el panismo local en la elección interna de su nuevo dirigente estatal, así como la reciente inhabilitación del alcalde panista del municipio de Cuauhtémoc (acusado de haber llevado a cabo ilegalmente actos proselitistas en la elección pasada), más la amenaza de hacer lo mismo con otros alcaldes pertenecientes a la misma fuerza política, son una muestra clara del uso indebido del poder del Estado para socavar cualquier representación real de la democracia en esta pequeña entidad federativa. pasado incluso por encima de la voluntad popular.
Pero no es esto lo más grave. Lo más preocupante son las formas en que se ha hecho uso de los recursos públicos y de la fuerza del gobierno para maniatar la libertad de expresión de quienes ven en Peralta Sánchez un real peligro para la libre manifestación de las ideas y las críticas a su administración.
Pese a que el Ejecutivo estatal “vetó” recientemente una Ley Mordaza que contravenía la libertad de expresión y ponía en riesgo muchas garantías individuales, éste acto no fue considerado sino un mero distractor. Lo cierto es que la mayoría de los medios de comunicación (prensa escrita y digital, televisión, radio, etcétera) y sus propias cofradías de columnistas y opinólogos se han puesto al servicio del mandatario, con todo lo que esto implica, esto es, no sólo manipulando la información, encubriendo verdades y difundiendo mentiras, sino también atacando (principalmente a través de infundios) cualquier opinión adversa, tal como sucede en los gobiernos despóticos.
Las acciones llevadas a cabo hasta el momento por el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez contra la libertad de expresión es directamente proporcional a los niveles de corrupción que intenta e intentará ocultar su administración, pues de ser transparente no ocuparía echar mano de la represión de Estado.
En la comunidad periodística e intelectual colimense existe alarma y desasosiego, sobre todo porque los altos índices de violencia del Estado (que lo tienen en primer lugar a nivel nacional en homicidios culposos) y los impresionantes grados de impunidad permitidos por la fallida gestión de Peralta Sánchez facilitan la amenaza, el atropello y hasta el crimen, todo esto bajo la mirada apática e incluso insolente de la autoridad.
